México, vulnerabilidad y desgobierno en mares y costas

Gabriel Quadri, para El Economista

México no tiene gobierno en sus mares y costas. Las consecuencias están a la vista: infraestructura caótica y depredación de ecosistemas costeros (manglares, dunas, playas, estuarios, arrecifes); degradación del capital natural básico para el turismo; vulnerabilidad grave al calentamiento global (elevación del nivel del mar y eventos meteorológicos catastróficos); desarrollo urbano desordenado; erosión costera; intrusión salina en acuíferos; contaminación de aguas marinas; ausencia de sistemas integrados de información oceanográfica y ecológica; legalidad precaria o inexistente; ocupación anárquica de la zona federal; sobrexplotación y destrucción de pesquerías y especies marinas; y un largo etcétera. El gobierno sólo abona al desgobierno, enfocando acciones e intervenciones con una óptica sectorial, parcial y segmentada, y desde luego, ineficaz.

No existen instituciones para gobernar comprensiva y racionalmente a nuestros mares y costas desde una óptica integrada  y espacial, a partir de capacidades técnicas de ingeniería, planeación territorial, gestión de ecosistemas, y de políticas públicas. Todo esto, a pesar de que los mares y costas de México (donde el país ejerce la soberanía) alcanzan una extensión 1.5 veces mayor que el territorio nacional terrestre, y de que poseen una increíble diversidad ecológica y morfológica,  gran variedad de usos,  intensa concurrencia de actividades económicas estratégicas, y fuerte presión demográfica.

Destaquemos ahora a la construcción discrecional de infraestructura (edificaciones sobre dunas, espolones, dragados, apertura de bocas, rompeolas, barreras, rellenos, terraplenes y caminos, espigones, muelles) que ha multiplicado problemas de erosión y retracción de las costas, y alteración radical de su morfología. Se ha ignorado que la estabilidad y funcionalidad de los sistemas costeros depende de patrones hidrodinámicos de transporte de sedimentos a lo largo del litoral, así como de procesos oceanográficos y de conectividad entre sistemas marinos y terrestres. Algunos de los casos documentados más severos de erosión costera ocurren en Isla del Carmen, Riviera Maya, Nayarit, Barra de Navidad, Puerto Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, y Puerto Marqués, entre otros.  En el Caribe Mexicano, joya de la corona turística, además, se generaliza el debilitamiento biológico-funcional de los arrecifes coralinos, lo que los hace perder densidad y altura, y merma considerablemente su capacidad de proteger a las costas, por lo que se observan diversos fenómenos de recesión de playas y avance de las aguas marinas sobre tierra firme.  Siendo el turismo uno de los sectores de mayor relevancia para la economía nacional, es inquietante que en los principales destinos de sol y playa se presente erosión en las playas, como ocurre en Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Ixtapa, Acapulco, Veracruz - Boca del Río, Cancún, Riviera Maya, Isla Mujeres, Holbox y Cozumel, además de Tecolutla, Progreso, y Playa del Carmen, donde se han dislocado los patrones naturales de suministro de sedimentos que nutren a las playas por la construcción de infraestructura en forma irreflexiva y sin planeación.

Así, lo peor está por venir, ya que México no cuenta con autoridades ni instituciones para analizar y planear proyectos de protección costera para adaptación al cambio climático. Es urgente contar con una autoridad nacional en mares y costas, que aparte de regular ecológicamente a la pesca y a fuentes de contaminación, plantee estrategias de manejo costero en donde  la construcción de infraestructura y edificaciones, y el proceso de desarrollo en su conjunto se adecúen a la hidrodinámica y morfología naturales, y a la conservación y restauración de ecosistemas costeros. Será indispensable crear capacidades de información científica, así como de regulación y planeación sobre toda nueva infraestructura costera, protección de  dunas, playas, manglares, arrecifes, y humedales. Esto, junto con una Guardia Costera que opere mecanismos eficientes de vigilancia; y políticas de restauración de playas, y de remoción de infraestructura no compatible con los procesos costeros naturales.

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