Contaminación del agua, frustración nacional

En pocos temas el Estado en nuestro país ha fallado tanto como en el manejo de las aguas residuales de los municipios, y en evitar la extrema contaminación que causan en ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y aguas costeras. Es consecuencia de nuestro malogrado federalismo, y síntoma inequívoco de vigencia sólo nominal del estado de derecho.
Salvo ingenios azucareros que por razones históricas han gozado de patente de Corzo para degradar las aguas de muchos de los ríos más importantes del país, en general, la gran industria privada ha ido internalizando costos ambientales y asumiendo conductas ambientales más benignas. En ello han tenido que ver la globalización, presiones regulatorias directas, regulación informal de los medios y la sociedad, sus propias políticas corporativas de minimización de riesgos, y en numerosos casos, visiones más o menos sinceras de sustentabilidad y creación de valor compartido a largo plazo.
Con ciudades y gobiernos locales, las cosas han sido diametralmente opuestas. Su impunidad al violar la normatividad ambiental de aguas residuales es escandalosa. Por cierto, no hay organizaciones ambientalistas que los estigmaticen y acosen, legal y políticamente. ¿Por qué? Creen que el Artículo 115 Constitucional les da licencia para expoliar los recursos hídricos de México; sólo permanecen tres años en el cargo; evaden sus responsabilidades fiscales al no cobrar impuestos prediales suficientes; no integran en las tarifas de agua el costo del tratamiento, y las manipulan a favor de clientelas políticas; gran parte de los organismos operadores municipales de agua son cajas chicas y botín electoral. Lo más importante: nadie ejerce funciones reales de inspección y vigilancia sobre las descargas de aguas residuales municipales; CONAGUA es juez y parte, tiene un conflicto de interés y está capturada por actores que pretende regular.
Un estudio reciente del Instituto de Ingeniería de la UNAM coordinado por el Doctor Juan Manuel Morgan documenta la magnitud del desastre implicado (“Análisis del estado de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en la República Mexicana”. Gaceta del IIUNAM. Enero, 2016). Ahí se analizó una muestra representativa de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) existentes en México, a través de una Matriz de Evaluación General, incluyendo aspectos operativos y estructurales, además de parámetros de diseño y dimensionamiento, y de cumplimiento de la normatividad vigente. 50% de las PTAR menores a 100 litros por segundo no funcionan, mientras que casi la mitad de la totalidad de las PTAR de pequeña, mediana y gran escala presentan condiciones de pésimas a malas.
La situación que campea es desoladora: infraestructura general sobrada o sobre-dimensionada (¿corrupción?); inversiones sin planeación adecuada; proyectos de PTAR carentes de colectores y sistemas de drenaje; no hay presupuestos para operarlas ni pagar la electricidad; plantas nuevas abandonadas ya que el municipio se niega a operarlas; re-uso inexistente del agua residual tratada; rotación e improvisación de personal; instrumentación y equipo electrónico estropeados; bombas de dosificación, ozonizadores y membranas descompuestos y sin mantenimiento; disfunción por sobrecargas de contaminación al drenaje municipal por industrias locales; diseño hidráulico erróneo; equipos de mala calidad; construcción defectuosa; fisuras y fugas en el concreto; hundimientos del terreno y nivelaciones equivocadas; suspensión de operaciones por inconformidad de vecinos (olores, ruido).
El saldo del caos prevaleciente es la descarga sin control de aguas residuales altamente contaminadas a cuerpos de agua nacionales (incluyendo el mar). Representa uno de los peores dramas ambientales de México.
En la nueva legislación del agua que se avecina, PROFEPA debe asumir la inspección y vigilancia de aguas residuales; CONAGUA, rendir cuentas; los municipios, ser sancionados vía participaciones y aportaciones fiscales; y, crearse una nueva institucionalidad de regulación con autonomía y legitimidad, y suficiente capacidad técnica de diseño, construcción, operación, mantenimiento y supervisión.
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