Cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco

Es probable que AMLO decida cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto (NAIM) en Texcoco. Si lo ha resuelto de antemano, de acuerdo a sus promesas de campaña, la consulta sería una forma de legitimarlo y de compartir responsabilidades por las gravísimas consecuencias que esto acarrearía para su gobierno y para la Nación en su conjunto. En caso contrario (si en su fuero interno quiere mantener Texcoco), la consulta implica correr un riesgo innecesario y potencialmente catastrófico en el escenario en que “gane” la propuesta sobre Santa Lucía. En ambos casos se trataría de un inexplicable y devastador daño auto-infligido, que marcaría definitivamente el sino de su administración.

Cancelar Texcoco conlleva en primer lugar, dejar enterrados y perder más de 120 mil millones de pesos hasta ahora invertidos en el sitio de la construcción, que observa un 31% de avance físico, en paralelo a despedir y dejar sin empleo a decenas de miles de trabajadores. Adicionalmente, implicaría pagar indemnizaciones a constructores y proveedores por el rompimiento de contratos, así como saldar a inversionistas sus capitales comprometidos para el desarrollo de la obra. Los primeros en cobrar sus recursos serán los tenedores de Bonos Verdes por 6 mil millones de dólares, captados para un aeropuerto sustentable con certificación LEED como sería el NAIM en Texcoco. Habría que pagar igualmente a acreedores bancarios que otorgaron créditos para la construcción de un aeropuerto autofinanciable y amortizable con la Tarifa de Uso de Aeropuerto a lo largo de los años con un número creciente de pasajeros. Se tendría también que liquidar el Fideicomiso FIBRA E, y a quienes tomaron sus activos con la finalidad expresa de construir el NAIM en Texcoco, un proyecto que sería rentable a largo plazo. Se quebrantaría a AFORES que invirtieron en papeles del NAIM, como es el caso de Afore Inbursa; Pensionissste, Profuturo, Afore Sura, y XXI BANORTE; los trabajadores serían fuertemente afectados. Grandes empresas contratistas nacionales que hoy construyen el NAIM en Texcoco podrían entrar en cese de pagos, y probablemente en concurso mercantil. Como secuela, podría dispararse una crisis en el mercado de valores y en el sistema financiero en su conjunto, en un momento de fragilidad para los países emergentes.

Todo ello estaría envuelto en una lluvia de amparos y litigios que significarían un desgaste profundo y parálisis para el Gobierno Federal, así como un desprestigio internacional generalizado y difícilmente reparable. Los afectados se ampararían contra una consulta que estaría fundando una decisión de gobierno, sin haberse seguido las normas y procedimientos constitucionales. Ante la frustración e incertidumbre generadas, aumentaría la percepción de riesgo en los mercados con respecto a México. Por tanto, las calificadoras penalizarían a nuestro país, aumentando el costo de fondeo y financiamiento para el gobierno y sus proyectos. El tipo de cambio se elevaría, y con ello el costo del servicio de la deuda, y por tanto el déficit público y la inflación.

Simultáneamente, el abandono de la obra en Texcoco exigiría, de acuerdo a la ley y a la Resolución den Materia de Impacto Ambiental, elaborar un plan de cierre y abandono del sitio. Este plan deberá implicar la demolición y retiro de todos los elementos y estructuras ya construidos (terminal, pistas, obras hidráulicas, caminos, bardas), y restablecer el sitio a las condiciones previas al desarrollo de la obra. El costo sería astronómico. En caso de incumplir estas disposiciones, la obra del NAIM en Texcoco significaría grandes e irreversibles impactos ambientales, urbanos y territoriales no mitigables ni compensables sin la conclusión del proyecto, y quedaría como una colosal pústula y monumento negro que proyectaría una obscura sombra sobre el próximo gobierno.

Más aún, México se quedaría sin aeropuerto. La “opción” de Santa Lucía carece de estudios, que llevarían años, así como de proyecto ejecutivo, y de financiamiento. Habría que desalojar y reubicar a miles de familias y a las instalaciones estratégicas de nuestras fuerzas armadas que hay en Santa Lucía; se desconoce el costo de semejante éxodo militar. Sería imposible, y de acuerdo a la legislación de obra pública, hacer asignaciones directas, evitar licitaciones, y simplemente trasladar contratos a un nuevo proyecto que en el mejor de los casos podría iniciar construcción en cinco o seis años. Además, claro, tendrían que hacerse nuevas y cuantiosas inversiones en parchar el actual aeropuerto y el de Toluca, y en construir grandes obras de conectividad y accesibilidad para Santa Lucía. Y no se resolvería el problema de saturación aeroportuaria ni de competitividad aeronáutica, ya que no existiría ningún Hub en México.

¿Pero, qué necesidad?

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