Precios de la electricidad, el gobierno en su laberinto

Una  promesa de la Reforma Energética fue bajar los precios de la electricidad, pero no hay forma de cumplirla sin escalar subsidios que de por sí son astronómicos (rondan los 100 mil millones de pesos anuales). Las tarifas residenciales en México son las más bajas en la OCDE. El sector residencial consume el 25% de la electricidad en México, del cual, el 95% recibe subsidio. Su tarifa de referencia es poco mayor que 1 peso por KWH, mientras que el costo real es de cerca de 3 pesos.

Entonces, en el escenario actual no es factible una reducción en  tarifas sin desfalcar las arcas del Estado y/o quebrantar las finanzas de la CFE. Estados Unidos disfruta de tarifas industriales más bajas que México, y es el país con los menores costos de electricidad promedio en la OCDE considerando ambos sectores: industrial y residencial. Pero eso se debe a una feroz competencia y al uso generalizado del carbón como energético primario en las termoeléctricas. Otros países gozan de tarifas industriales menores a las nuestras por diversas razones, como el predominio en su matriz de generación de electricidad de fuentes de bajo costo de operación como la eólica, geotérmica o hidroeléctrica.

Ninguna nación de la OCDE ofrece tarifas eléctricas residenciales menores a las de México. Los precios del gas natural  no van a descender más allá de los precios mínimos de hoy. La competencia que se espera no arrojará resultados de eficiencia en el corto plazo, ni en una magnitud que permita, por esa causa, abatir las tarifas de electricidad doméstica. Tampoco se logrará  reduciendo pérdidas técnicas y el robo de electricidad (pérdidas no técnicas), cosas que de cualquier forma deben hacerse. ¿Entonces?

El camino lo abre la propia Reforma Energética a través de la llamada generación distribuida con energías renovables, en especial con electricidad solar fotovoltaica producida en los propios hogares (Daniel Chacón. Energía a Debate, Junio, 2015). Generación distribuida es la que se hace en  pequeña y mediana escala a lo largo y ancho del sistema (geográficamente hablando) lo que asegura equilibrio de voltaje y estabilidad a la red eléctrica. Por un lado, la nueva Ley de la Industria Eléctrica alienta a los ciudadanos a emprender generación distribuida como generadores exentos, quienes pueden recibir un pago por parte de CFE (o cualquier otro distribuidor) por los excedentes que inyecten o exporten a la red después de satisfacer sus necesidades de energía. Por otro lado, la misma Ley establece la creación de los Certificados de Energía Limpia, instrumento toral para la transición energética del país y que pueden significar un ingreso adicional considerable para los generadores o distribuidores de energías limpias (solar, eólica, mini-hidro, geotérmica, nuclear). Además, la Ley de Transición Energética (ya aprobada por los diputados y que ahora debe ser aprobada por el Senado) obliga al Ejecutivo a introducir sistemas de generación distribuida a escala doméstica y que representen ahorros para el Estado y beneficios para los consumidores y el medio ambiente.

El contexto de estas oportunidades y mandatos legales de generación distribuida es un descenso espectacular en los precios de la electricidad solar fotovoltaica. Y la solución al problema de los subsidios y precios es un mecanismo técnico e institucional que financie (con un bono emitido por el gobierno y con los recursos que hoy se van a fondo perdido en subsidios) la instalación progresiva de sistemas solares fotovoltaicos en los hogares de tarifa subsidiada. El repago provendría de una parte de los ahorros en la factura eléctrica.  En un tiempo, desaparecería el subsidio y los hogares verían reducidos considerablemente sus pagos por electricidad, o incluso los verían desvanecerse en su totalidad.

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