México, Cambio Climático Ingenuidades y Dificultades

Los compromisos asumidos por México ante la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y refrendados esta semana en la Cumbre de París (One Planet), son significativos. Han sido consagrados en la Ley de Cambio Climático, y todo el mundo los celebra, aunque ingenuamente, sin reparar ni advertir que implicarán la adopción de medidas y políticas impopulares y de aplicación muy escabrosa y compleja. Es dudoso que el siguiente Gobierno tenga el arrojo y asertividad necesarios para reducir las emisiones a los niveles prometidos. México se obliga a disminuir en 22% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el año 2030 con respecto a un escenario tendencial, y hasta en un 36% si se establece un régimen internacional de precio al carbono y de aranceles compensatorios asociados. Esto conlleva al menos dos condiciones extraordinarias. La primera, que las emisiones nacionales alcancen un máximo en 2026, para empezar a abatirse en términos absolutos a partir de ese hito, lo que exige la contracción absoluta en el consumo de combustibles fósiles (gasolina, diesel, gas natural). La segunda, que se alcance una tasa cero de deforestación para el 2030. Todo lo anterior hace ineludibles políticas sectoriales disruptivas de las inercias observadas hasta ahora, sin precedente, y de enorme alcance.

El sector con las emisiones más altas en México y con el mayor crecimiento es el transporte, es decir, los vehículos automotores, con una participación del 26% que va al alza. Le siguen el sector eléctrico, la industria, petróleo y gas, y agricultura y ganadería (que incluye deforestación). Estos sectores deben ser intervenidos a profundidad, con políticas de muy compleja aceptación e instrumentación. (Con excepción del sector eléctrico que gracias a la Reforma Energética ya ha entrado en un cauce claro de sustentabilidad). El instrumento básico y ya casi mantra nacional e internacional para ello es un precio al carbono, con la finalidad de internalizar costos, e inducir cambios tecnológicos, de conducta, y estructurales que reduzcan las emisiones. El precio al carbono se traduce en dos cosas: 1) Un impuesto al carbono (Carbon Tax) suficientemente alto para que las emisiones se reduzcan de acuerdo a lo comprometido o necesario en cada sector. 2) un mercado de derechos de emisión (Mercado de Carbono) que debe ir acoplado a un tope máximo de emisiones. En ese mercado, el precio revelado de los derechos de emisión o bonos de carbono sería en teoría equivalente al Carbon Tax. Una alternativa a estos dos instrumentos es la regulación directa por parte del Gobierno, que fuerce a los actores económicos, productores y consumidores a asumir determinadas tecnologías y patrones de consumo y comportamiento; algo que sería muy costoso e ineficiente.

Dicho vulgarmente, cumplir compromisos de cambio climático requerirá de un fuerte impuesto a gasolinas y diesel (tremendo gasolinazo), aparte de normas draconianas de eficiencia energética a los vehículos, y también, de imponer restricciones crecientes al consumo de energía especialmente en la industria siderúrgica y cementera (las más importantes en esta materia). Esto, al mismo tiempo que se imponen regulaciones al uso de fertilizantes y a otras actividades, y mientras se cancelan o rediseñan esquemas de subsidios y se establece en el campo mexicano, a ejidos y comunidades, un estricto cumplimiento de leyes y ordenamientos que impidan la deforestación por causa de desmontes, agricultura de subsistencia, ganadería y pastoreo extensivos, y agricultura comercial (soya, palma africana, caña de azúcar, chile, y otros).

No es necesario ser un experto en economía política del cambio climático para darse cuenta que difícilmente algún gobierno en México tendrá la ingenuidad, o capacidad, voluntad y osadía de hacer todo lo anterior. Es muy improbable que cumplamos nuestros compromisos de cambio climático.

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