El Acuerdo de Paris, cimiento de gobernanza global

El Acuerdo de Paris es un hito en el proceso imperioso de construcción de instituciones globales de gobernanza ambiental en el planeta, cristalizado gracias a la sofisticación y eficacia diplomática francesa que fue capaz de conciliar posiciones que parecían irreductibles. En los límites de lo aceptable para Estados celosos de su soberanía, tiene fuerza legal en la medida de un tratado internacional, aunque las contribuciones nacionales están determinadas por cada una de las partes  (Intended Nationally Determined Contributions) y no existen sanciones por incumplimiento. Sin embargo, está sujeto a monitoreo y registro público por parte de un comité de cumplimiento (no punitivo) y  sometido al escrutinio y sanción  moral  internacional. La seriedad y ambición Recordemos que cada contribución nacional, por supuesto, es factor de Poder Suave (soft power) y prestigio en el concierto mundial.

Evita los errores y omisiones del Protocolo de Kioto. Es de ambición progresiva a lo largo del tiempo. Plantea el imperativo de reducciones absolutas (peaking) de emisiones (de manera diferenciada para países desarrollados y en vías de desarrollo) para llegar a un equilibrio entre emisiones y remociones de GEI hacia la segunda mitad del siglo. Se fija objetivos explícitamente climáticos, es decir, en términos de aumento en temperatura promedio del planeta, que no debe superar los 2 grados centígrados, y deseablemente, 1.5 grados centígrados. El Acuerdo de París es autocrítico y dinámico, e incorpora un sistema de evaluación, aprendizaje y auto-corrección. Reconoce que la reducción total de emisiones de GEI lograda a partir de sumar todas las contribuciones nacionales no es suficiente, ya que para el 2030 se proyectan en 55 gigatoneladas (miles de millones de toneladas), volumen aún muy grande  para mantener el aumento de temperatura en el planeta por debajo de los 2 grados centígrados. Por ello mismo, establece un mecanismo quinquenal de revisión de las contribuciones nacionales, empezando en 2025, que las hará crecientemente estrictas para disminuir las emisiones totales de GEI hasta 40 gigatoneladas en 2030, en ruta para sujetar el aumento de temperatura a menos de 1.5 grados centígrados.

Abarca a todos los países desarrollados y en vías de desarrollo, sin establecer cifras precisas de reducción de emisiones para cada uno; sobre todo, incorpora a China y a Estados Unidos, que entre ambos suman más de la mitad de las emisiones antropogénicas totales de GEI. También crea expresamente un fondo de 100 mil millones de dólares anuales para financiar a los países menos desarrollados en medidas de mitigación y adaptación, incluyendo la reducción de la deforestación. Este operará a través del Fondo Verde para el Clima y de la Facilidad Ambiental Global del Banco Mundial. Da una atención central a las políticas de adaptación y formaliza procedimientos de reporte al respecto, así como de alerta temprana, emergencia, seguros, evaluación y redistribución de riesgos. Prevé responsabilidades de información a las partes, así como de transparencia, rendición de cuentas y coherencia contable y metodológica de emisiones de GEI. Con la experiencia del Protocolo de Kioto, abre un nuevo mercado internacional de emisiones (“bonos de carbono).

México se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEI entre el 22% y el 36% (dependiendo del marco internacional) al 2030 por debajo de su línea base, y a iniciar un proceso de reducción absoluta en 2026. Esto, además de abatir para el mismo año entre 51% y 70% las emisiones de GEI  de carbono elemental (humo, hollín producto del diesel, quemas y  deforestación). Las implicaciones energéticas, agropecuarias y de conservación de ecosistemas forestales son verdaderamente profundas. Debemos asumir ahora el reto de diseñar y aplicar las políticas fiscales, sectoriales, regulatorias y tecnológicas consecuentes. Una verdadera revolución económica para el siglo XXI.

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