Cambio climático, frente al terrorismo islámico

El terrorismo islámico no va a descarrilar a Occidente ni  sus valores de tolerancia, libertad, secularismo, igualdad y democracia. Incluso es posible  que la cohesión y solidaridad internacional que ha desatado la barbarie catalicen una acción colectiva eficaz para contenerlo, neutralizarlo, y eventualmente destruirlo. También, es posible que  el fanatismo criminal estimule como reacción una conciencia planetaria capaz de confrontar con eficacia al cambio climático, fenómeno que puede plantear un desafío existencial a la humanidad. El mundo está en ruta hacia un desenlace potencialmente catastrófico, con aumentos en la temperatura promedio de entre 4 y 6 grados centígrados al final del siglo,  que significan un planeta desquiciado e irreconocible para todo fin práctico.

La tiranía de las tasas de descuento (la manía humana de descontar el futuro), sin embargo, inhibe acciones a la altura del riesgo. Los costos por el cambio climático, que se harán dramáticamente evidentes a largo plazo (90-100 años), son insignificantes traídos a valor presente, descontados a cualquier tasa relevante en cualquier ejercicio de evaluación económica de proyectos y de políticas. De ahí una gran dificultad para tomar decisiones regulatorias o de política económica de alcance temporal consecuente. Otra dificultad –  comparable a un nudo gordiano – es política y de representación democrática. Los ciudadanos y electores no están dispuestos a pagar y a asumir  cambios profundos en patrones de consumo y convivencia requeridos. Políticos demagogos y oportunistas los acicatean (exigiendo reducir precios de combustibles), y los gobiernos se resisten a adoptar medidas impopulares, siendo incapaces de emprender liderazgo y procesos constructivos de pedagogía pública sobre el tema. En un andamiaje de Teoría de Juegos los gobiernos se han sometido al Dilema del Prisionero: nadie arriesga decisiones audaces; todos pierden.  También, ideologías cerriles obstruyen y sabotean la edificación de consensos, especialmente en Estados Unidos; la ultraderecha provinciana de ese país niega el Cambio Climático porque representa un nuevo espacio de intervención del Estado y de poderes supranacionales (la ONU) en la vida de individuos y empresas. Y en efecto, el cambio climático es un problema epítome de Bienes Públicos que exige incuestionablemente una acción colectiva emprendida desde el Estado y concertada en instancias multilaterales.

Para la Cumbre Climática (COP 21) que arranca en  París en pocos días, hay algunos buenos augurios, ya que la mayor parte de los gobiernos han presentado compromisos (Contribuciones Nacionales) de reducción de emisiones al 2030. También, avanza la idea de un esquema legalmente vinculante de compromisos dinámicos, revisables cada cinco años de acuerdo a la nueva evidencia y necesidades.  Plantando cara al terrorismo islámico, muchos jefes de Estado participarán en  la COP 21 (entre ellos el Presidente Peña), lo que además de expresar solidaridad  con Francia, dará un impulso tal vez sin precedente a decisiones de mayor envergadura. El problema es que hasta ahora, los compromisos o contribuciones, sumados, son insuficientes para evitar que la temperatura aumente más de dos grados centígrados y así minimizar  el riesgo de consecuencias climáticas catastróficas.

Cualesquiera que sean los compromisos o contribuciones, al final, sólo hay tres instrumentos canónicos de política capaces de contener el calentamiento global; los tres son impopulares,  representan una profunda intervención del Estado, y los tres requieren desatar (o cortar como Alejandro) el nudo gordiano de representación democrática. El primero es un severo impuesto a los combustibles fósiles (carbon tax). El segundo es un esquema obligatorio de generación y consumo de electricidad limpia, como los Certificados de Energía Limpia establecidos en México gracias a la Reforma Energética. El tercero implica, en una nueva doctrina territorial, la creación de grandes Áreas Naturales Protegidas, regulación eficaz del uso del suelo y financiamiento específico para terminar con la deforestación, especialmente en los trópicos.

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