Cambio Climático, adaptación ideológica

El calentamiento global y sus consecuencias potencialmente catastróficas pueden leerse como una tremenda falla del mercado. Productores y consumidores utilizamos la atmósfera del planeta para arrojar libremente  en ella  desechos de la combustión de energéticos fósiles  y de la deforestación o quema de selvas y bosques. La atmósfera es un bien público por excelencia, es decir, siendo sus funciones muy valiosas, es imposible o muy difícil excluir a alguien de utilizarlas; es de acceso libre. Abusamos de ella como resultado de  la escala y modalidad de actividades humanas extensamente difundidas de abastecimiento de electricidad, transporte y movilidad, producción industrial, y de alimentos y otros bienes de origen agropecuario. Y lo hacemos de manera gratuita. Cualquier cosa valiosa, gratuita y de libre acceso se degrada y agota, o su disponibilidad es menor a la socialmente deseable. Es una falla del mercado porque la libre interacción entre agentes económicos no conduce a la eficiencia, considerando las graves externalidades o costos que provoca (calentamiento global). Es algo que no resuelve el propio mercado automáticamente. Tampoco puede resolverse a través de la acción colectiva autónoma o espontánea de la sociedad, ya que eso requiere una coordinación de decisiones de complejidad astronómica. El problema es el libre acceso o la gratuidad del acceso.

Es una falla que sólo el Estado puede solucionar, y tiene dos formas de hacerlo. La primera es por medio de restricciones cuantitativas de acceso a la atmósfera como vertedero, esto es, de restricciones al uso de combustibles fósiles; lo anterior, por medio de cuotas, regulaciones o prohibiciones alineadas con las obligaciones o compromisos derivados de acuerdos internacionales. Estas cuotas pueden ser intercambiadas en un mercado, por ejemplo,  de Certificados de Energía Limpia o de bonos de carbono. La segunda es a través de  un precio al acceso, dicho de otra forma, de un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero que termine con la gratuidad y reduzca la demanda de combustibles fósiles de tal manera que se cumplan objetivos climáticos. Se trata, en pocas palabras de un impuesto al CO2 (Carbon Tax). En el caso de la deforestación, la solución es a través de regulaciones, monitoreo y vigilancia que impidan la expansión de la agricultura y la ganadería sobre bosques y selvas  (Áreas Naturales Protegidas y otras),  de contratos con los propietarios de la tierra (Pago por Servicios Ambientales), o bien, de cambio en los derechos de propiedad (compra de tierras para propiedad pública con fines de conservación o restauración). Un esquema de este tipo podría insertarse en el contexto de REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) en términos del Acuerdo logrado en la COP 21 de París en diciembre pasado.

En cualquier caso, todo ello implica potenciar las facultades y capacidades del Estado para intervenir y regular mercados de energéticos;  aplicar nuevos instrumentos fiscales; regular el uso de la tierra;  crear nuevos acervos de tierras públicas para conservación, almacenamiento de carbono y restauración; y crear nuevas instituciones y mecanismos de gobernanza energética y territorial. Si  se añade la imperiosa necesidad de adaptación a un inevitable cambio climático, el papel del Estado se amplía de igual forma a otros bienes públicos, forzosamente,  a la planeación y desarrollo de nueva infraestructura de protección de litorales, de gestión hidrológica y costera, y de planeación de asentamientos humanos.

El siglo XXI demandará más que nunca un Estado fuerte, competente y eficaz, capaz de asegurar el ejercicio de libertades esenciales en un escenario de desafíos inéditos para la sociedad.  Su ausencia no sólo abriría las puertas al caos hobbesiano sino a la tragedia climática,  y acaso a la tiranía. Exigirá de los liberales, también,  un profundo esfuerzo de adaptación ideológica.

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