Tajamar, la propiedad privada y la Evaluación de Impacto Ambiental

En México (a diferencia de Estados Unidos y otros países) La Nación antecede a los derechos de propiedad privada. La Nación es propietaria originaria de todo: tierras, aguas, bosques, minerales, etcétera. Al parecer, La Nación heredó todo esto de la Corona Española, como se intuye en el Artículo 27 Constitucional, y  puede transmitir o conceder a los particulares la propiedad privada, aunque tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. O sea, que puede regularla, acotarla, limitarla. Lo que no puede es expropiar sin indemnizar. (Pero puede hacerlo después de consumado el acto expropiatorio; algo que muchos, entre ellos Emilio Rabasa, han considerado inaceptablemente arbitrario).

El interés público, justificativo de limitaciones a la propiedad privada y a la expropiación, puede abarcar muchas cosas; entre ellas, la protección de la naturaleza, de acuerdo al propio Artículo 27 Constitucional y a legislación reglamentaria. Tal concepto fundamenta sólidamente a la regulación ambiental por parte del Estado, que suponemos, es representante de La Nación, a través de la autoridad ambiental del Gobierno Federal. Las leyes ofrecen diversos instrumentos de regulación o de política ecológica; sobresalen las Áreas Naturales Protegidas; Normas Oficiales Mexicanas; varias herramientas de regulación directa; el Ordenamiento Ecológico del Territorio; y desde luego, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Hay vasos comunicantes entre todos estos instrumentos y entre diversas leyes o reglamentos ambientales que sería demasiado largo describir; conformémonos con saber que deben respetarse mutuamente.

La EIA  es un procedimiento técnico administrativo de regulación – obligatorio –  para proyectos o actividades económicas de magnitud considerable o en  sectores o ecosistemas sensibles, entre ellos, los desarrollos urbanos o turísticos en costas, manglares y humedales, como es el caso del polémico proyecto Tajamar de FONATUR en Cancún. El procedimiento de EIA implica que el promotor del proyecto o actividad lleva a cabo (por medio de consultores especializados) un Estudio de Impacto Ambiental. Esencialmente, este identifica, describe y analiza los impactos ambientales de cada uno de los elementos del proyecto en su construcción y operación, sobre cada uno de los componentes relevantes del medio ambiente, generalmente, con una Matriz de Leopold. Con ello, se plantean medidas tecnológicas, de diseño, escala, emplazamiento, u otro tipo, capaces de evitarlos, mitigarlos o compensarlos.  La autoridad lo evalúa todo en un plazo pre-establecido con la posibilidad de solicitar información adicional, y finalmente resuelve aprobando el proyecto, negando la autorización, o aprobándolo de manera condicionada.

Puede decirse que en realidad la EIA significa una licencia de construcción federal, algo potencialmente controvertible dado que las facultades de regulación de uso del suelo recaen constitucionalmente (Artículo 115) en el municipio. Al final, lo interesante es que la legislación ofrece una panoplia de recursos para impugnar las decisiones de la autoridad al respecto: amparos, recursos de revisión y de nulidad, acciones colectivas, denuncias populares, y responsabilidades ambientales. Así se abre un fértil campo de litigio jurídico donde florecen numerosos bufetes de abogados ambientales, como ocurre en Tajamar.

En Tajamar hay propiedad privada legítima, un procedimiento jurídicamente válido de EIA con resolución aprobatoria de la autoridad, previa a la entrada en vigor de la prohibición expresa de afectación de manglares en la Ley de Vida Silvestre. Constitucionalmente no puede haber retroactividad, y la única vía legal para impedir el proyecto (que afecta 42 hectáreas de mangle) es mediante expropiación, la cual costaría al erario cerca de 3,000 millones de pesos. Con ese monto, podrían adquirirse decenas o cientos de miles de hectáreas de selvas y manglares para su restauración y/o conservación  a perpetuidad. En Tajamar deben prevalecer la razón jurídica, el interés público y  la razón ambiental.

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