Cacería, poderoso instrumento de conservación

Perdón por hablar en primera persona. Espero no volver a hacerlo. Yo no soy cazador, no comparto esa afición. Sin embargo, un mínimo razonamiento permite comprender la enorme contribución que la cacería legal, regulada y organizada puede hacer y hace a la conservación de la biodiversidad. Por tanto, en determinados casos debe promoverse, aunque a algunos les parezca abominable.

El territorio mexicano ha sufrido una transformación radical en el último siglo, además de haberse constituido  prácticamente todo  en  propiedad privada (ejidal, comunal, individual) durante el proceso de  Reforma Agraria. En la propiedad privada, por lo general, conservar la naturaleza, particularmente la fauna, no es negocio, no genera ingresos; por tanto, la propensión es a desmontar, deforestar, cultivar y pastorear,  y en donde aún existe, conseguir un poco de carne de monte o algún dinero de cazadores furtivos.   

Una forma  de contener la devastación es la regulación del Estado, a través del establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (Reservas de la Biósfera, Parques Nacionales). Otra, es pagar a los propietarios el costo de oportunidad de la conservación (Pago por Servicios Ambientales). Una más es que el Estado o particulares compren las tierras para conservarlas; y otra, es que sea factible la explotación de algún recurso natural valioso, y en forma rentable y sostenible para hacer viable su conservación y la de todo el ecosistema. Esto último sólo es posible a través de la extracción de madera en ciertos bosques, en áreas de potencial eco-turístico, o por medio de la cacería en zonas donde habitan especies de interés cinegético como  el Borrego Cimarrón (Ovis canadensis) en Baja California.

Detengámonos en esta especie que  estuvo al borde la extinción en México por cacería furtiva o irresponsable, mala regulación y administración. Los permisos de caza se entregaban a  operadores cinegéticos, no a ejidatarios propietarios de la tierra, quienes no recibían beneficio alguno del Borrego;  todos los incentivos apuntaban a la extinción. Clamores de opinión pública llevaron a prohibir su cacería. Los propietarios de la tierra, lógicamente indiferentes, siguieron permitiéndola furtiva o ilegalmente. La prohibición no resolvió el problema, lo agravó, y subsistió sólo un puñado de ejemplares en un ejido de Baja California Sur. Lo que ocurrió después en 1996 es ejemplo canónico de rescate de un mamífero mayor y de conservación de su hábitat.

El que esto escribe, a la cabeza en aquellos años del Instituto Nacional de Ecología (entonces, la autoridad ambiental federal) junto con un comprometido equipo de profesionales dirigidos por el Dr. Felipe Ramírez (en la época, Director General de Vida Silvestre) formulamos el primer Programa Nacional de Vida Silvestre con dos atributos cruciales. Uno fue la creación de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA); se trata de tierras privadas (ejidales, comunales o individuales) sujetas a un plan de manejo y conservación como condición de aprovechamiento, que exitosamente hoy cubren más de 29 millones de hectáreas. El otro fue el procedimiento administrativo de entregar directamente a  propietarios de la tierra los permisos y cintillos correspondientes; es decir, se les reconocieron en la práctica derechos de propiedad sobre la fauna. Para el Borrego Cimarrón se entregaron inicialmente dos permisos de caza a los ejidatarios, bajo estridente furia de diversos sectores de opinión pública. Fueron subastados en Arizona  en más de 100 mil USD. Los incentivos cambiaron radicalmente para los propietarios. A partir de ahí establecieron UMA´s en sus tierras, y protegieron decididamente al Borrego y al ecosistema en que se inserta; éste se reprodujo, se reintrodujo en  antiguo hábitat, y se salvó de la extinción. Ejidatarios y comunidades locales obtuvieron una importante y creciente fuente de ingresos basada en la conservación y cacería del Borrego Cimarrón.

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