Áreas Protegidas, conservación y pobreza

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son instrumento esencial para la conservación a perpetuidad de la biodiversidad y de sus inconmensurables valores y servicios, que constituyen  bienes públicos estratégicos. Cuando la tierra en ANP es propiedad pública (cosa que virtualmente no ocurre en nuestro país), nuestros parques nacionales y reservas de la biósfera representan además el único vehículo existente para hacer efectivo un derecho colectivo de los mexicanos a la tierra, a sus sistemas biológicos y riquezas escénicas y paisajísticas. Las ANP son pilar de cualquier escenario de sustentabilidad a largo plazo y de orden territorial, así como de soberanía y presencia del Estado y de sus Instituciones. Expresan un atributo ético y de responsabilidad a largo plazo de la sociedad, así como de civilización y modernidad, espacio primordial de convivencia social y de  aprecio por la belleza natural, y símbolos fundacionales de identidad nacional (por ejemplo, el Parque Nacional Izta Popo, desgraciadamente en abandono, víctima de la delincuencia, y con una cobertura ridículamente insuficiente de propiedad pública).

Sin embargo, algunos creen que la conservación y las ANP impiden a campesinos explotar la tierra y sus recursos, y profundizan su pobreza. Es falso, y de hecho es al revés: las actividades agropecuarias de subsistencia son recurrentemente causa de destrucción de la biodiversidad, y al mismo tiempo de auto-perpetuación de la pobreza. Los procesos más extensos de colonización y deforestación en México no se han traducido en un alivio apreciable a la precariedad de la vida rural. El bulldozer, los desmontes, el fuego, la milpa, el pastoreo extensivo, la escopeta y la motosierra no son medios para escapar de la pobreza, sino para eternizarla.  Lo que sí es verdad, es que en México creemos que los costos de la conservación (suscostos de oportunidad, que equivalen a los beneficios que pierde el propietario por no explotar la tierra), debe pagarlos el propio propietario. Es decir, ellos pagan, y toda la sociedad se beneficia, generaciones actuales y futuras. En México el Estado no compra las tierras en las ANP, y sólo trata de imponer modalidades o restricciones al ejercicio de los derechos de propiedad a través de regulaciones en decretos y programas de manejo, algo frecuentemente ineficaz e injusto.

Ahora, tampoco es obvio que la conservación en ANP  se asocie directamente con el alivio a la pobreza; con excepción tal vez de la legalidad, la certidumbre en los derechos de propiedad de la tierra, y la vigencia del  estado de derecho, requisitos indispensables para ambos. En realidad, conservación y pobreza son objetivos de política distintos, y cada uno requiere de sus propios instrumentos e instituciones. Es preciso reconocerlo honestamente, y evitar la ideologización.

Sólo habría otro vínculo real y observable entre conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la reducción de la pobreza: el turismo. Esto se demuestra ampliamente con una economía de miles de millones de dólares y cientos de miles de empleos que generan los parques nacionales en Estados Unidos. O bien, el turismo ecológico en las ANP de Costa Rica que representa uno de los primeros rubros de ingresos por divisas más importantes para ese país. Ejemplos adicionales de relación virtuosa y creciente entre ANP y economías locales se observan en Chile, Panamá, Argentina, Sudáfrica, Botsuana, Canadá y muchas otras naciones.

En México, hay que decirlo, construir esta relación mutuamente productiva entre conservación y abatimiento de la pobreza a través del turismo es muy difícil, ya que la propiedad de la tierra en nuestras ANP es fundamentalmente privada (ejidal, comunal, individual), lo que impide el acceso y disfrute públicos, regulación, seguridad y  equipamiento. Es una gigantesca oportunidad perdida, ya que poseemos ventajas comparativas naturales extraordinarias.

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