Agua, rehén corporativo y derecho humano

El agua no es un “Sector”. Menos,  un sector cerrado y apropiado por una refractaria corporación (como cuerpo colectivo) gremial y burocrática.

El agua puede ser un bien público ecológico o estar asociada  a servicios ambientales en  fuentes y ecosistemas acuáticos,  y en cuerpos receptores de aguas residuales  continentales o marinos. También, el agua puede ser objeto de un servicio público vital ofrecido por  gobiernos a través de complejas infraestructuras que son monopolios naturales. Sin embargo, el agua es igualmente un bien privado una vez pagado y dispuesto en las tomas de  consumidores individuales  o empresas. Por otro lado, no puede negarse que el acceso adecuado al agua potable es condición sine qua non de supervivencia y existencia digna para el ser humano.

Esta realidad debe determinar un marco institucional para el agua que sea eficiente y equitativo, de concepción multidimensional y ecológica, representativa de los actores involucrados, y con pesos y contrapesos funcionales de regulación, derechos de propiedad bien definidos, certidumbre jurídica, inspección y vigilancia estricta, e información plena.  La existencia de  una política nacional eficiente y sostenible de gestión de recursos hídricos no presupone de ninguna forma un marco institucional y legal hecho a partir de cónclaves iniciáticos entre funcionarios, abogados e ingenieros sólo del “Sector” donde se ignore a otros actores legítimamente interesados, como es el caso de las autoridades ambientales.

Organizaciones empresariales y de la sociedad civil  han tratado de irrumpir en el “Sector”, en especial en el proceso de debate de una nueva Ley General de Aguas. El propósito de los unos ha sido lograr eficiencia de asignación y certidumbre jurídica en concesiones; mientras que  la bandera de los otros ha sido el “Derecho Humano” al agua, así como el rechazo a una supuesta privatización; al parecer, a partir de una posición ideológica.

Pero no debe soslayarse que el Derecho Humano al agua – ya establecido en la Constitución – y al igual que otros derechos sociales discursivos (pésima costumbre de introducir retórica aspiracional y detalles normativos en un texto constitucional) sólo puede hacerse operativo por medio de una interpretación concreta. En el caso del agua, debe referirse a al menos a cuatro cosas. La primera es un servicio público de calidad que debe ser ofrecido por los organismos operadores municipales o estatales en materia de cobertura, disponibilidad continua 24 horas y 7 días de la semana, y calidad potable apropiada y bebible para el agua suministrada por las redes locales – por cierto –  como ocurre en cualquier ciudad civilizada del mundo. La segunda no sería la gratuidad del agua, como lo pretenden algunos infectados de radicalismo delirante, sino  tarifas de agua justas definidas en función de los costos operativos y de recuperación de la inversión en los sistemas de captación, potabilización, distribución, drenaje y tratamiento de aguas residuales. Como no todos podrían pagarlas, ello debería implicar subsidios cruzados transparentes y directos a grupos sociales objetivo plenamente identificados, eliminando la injusticia e ineficiencia que significan los subsidios generalizados actuales. La tercera se entreteje con el Derecho a un Medio Ambiente Sano (también ya establecido en el Artículo 4° Constitucional), que se satisfaría garantizando la calidad e integridad ecológica de cuerpos de agua públicos y ecosistemas acuáticos. Y la cuarta es  la información pública  en tiempo real (la tecnología moderna lo permite) sobre la calidad del agua en sistemas municipales, y en ríos, lagunas y otros ecosistemas acuáticos, así como  en aguas costeras; sobre acuíferos subterráneos; sobre disponibilidades, concesiones y extracciones; y sobre la eficiencia de los organismos operadores municipales.

Visto así, el Derecho Humano al agua se haría instrumental con una lógica multidimensional y no corporativa de reforma institucional y jurídica, de eficiencia y sustentabilidad.

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